¿Es la inteligencia artificial aplicada al derecho una herramienta esencialmente democrática?

La idea que suele transmitirse es relativamente simple: cualquier abogado puede abrir ChatGPT, Claude u otra plataforma y empezar a “adaptarse al futuro” siempre y cuando respete, eso sí, cláusulas de confidencialidad y protección de datos personales (básico). Sin embargo, cada vez tengo más la impresión de que esa narrativa omite un elemento fundamental: la diferencia entre acceder a una interfaz y tener realmente acceso a la infraestructura tecnológica que está transformando el mercado legal.

Esa reflexión empezó a tomar forma durante un seminario de Maestría en el que conversabamos sobre sistemas utilizados por grandes firmas para gestionar procesos disciplinarios laborales masivos. En ese momento entendí que no se trataba simplemente de redactar un buen prompt. Detrás de estás innovaciones tecnológicas, existen plataformas completas de clasificación de casos, procesamiento de información, automatización documental, integración de flujos de trabajo y soporte tecnológico corporativo respaldado por compañías globales con capacidad de inversión millonaria.

Ahí apareció una inquietud difícil de ignorar.

Tal vez la inteligencia artificial jurídica no sea tan democratizadora como parece desde la superficie. Tal vez estemos entrando, silenciosamente, en un proceso de concentración del mercado legal donde la verdadera ventaja competitiva estará en la capacidad de invertir en infraestructura tecnológica y, claro está, en formación en Legal Tech. En ese contexto, los abogados independientes y las firmas pequeñas podrían enfrentar una asimetría estructural muy difícil de cerrar, porque no basta con leer El abogado del futuro y despertar conciencia sobre la importancia de estar a la vanguardia, para entrar a una batalla con muy pocas municiones.

Este fenómeno no afecta solo a firmas pequeñas o abogados independientes, tenemos un segundo eslabón. Hace poco leí el artículo “Harvey: el caballo de Troya de USD 11.000 millones” de Rafael Mery y creo que describe muy bien esta transformación. Allí explica cómo Harvey AI comenzó posicionándose estratégicamente dentro de las grandes firmas de abogados, construyendo credibilidad en el mercado jurídico y convirtiéndose en una herramienta integrada al funcionamiento cotidiano de esas organizaciones. Posteriormente, la plataforma empezó a expandirse hacia departamentos legales corporativos internos, permitiendo que muchas empresas comenzaran a ejecutar directamente —con apoyo de inteligencia artificial— tareas que históricamente tercerizaban en firmas externas.

Lo más interesante es que el propio discurso de Harvey revela claramente hacia dónde se mueve el mercado. Según una publicación oficial de la compañía citada por Mery:

“Al expandir la capacidad interna, la IA permite a los departamentos legales asumir más trabajo por sí mismos y depender menos de asesores externos.”

Es clara su finalidad: una parte significativa del trabajo jurídico cotidiano hoy empieza a ser absorbido progresivamente por equipos legales internos de las empresas a través de la IA. Probablemente los asuntos altamente estratégicos, especializados o complejos seguirán requiriendo intervención humana altamente calificada, pero esto será un privilegio para un sector muy reducido.

Muchas firmas adoptaron herramientas de IA legal buscando ganar eficiencia y ventaja competitiva, pero al mismo tiempo contribuyeron a validar y fortalecer plataformas que ahora permiten a sus propios clientes preguntarse cuánto trabajo jurídico necesitan seguir externalizando realmente.

En otras palabras, el problema no parece ser simplemente “si la IA reemplazará abogados”. El problema es cómo la tecnología empieza a redistribuir poder dentro del ecosistema jurídico. Porque quienes controlan la infraestructura, las plataformas y las interfaces de trabajo adquieren una ventaja estructural sobre quienes únicamente participan como usuarios finales de esas herramientas.

Este ecosistema jurídico parece no parar. Las propias compañías tecnológicas han empezado a competir por controlar directamente la interfaz jurídica. Resulta llamativo que Anthropic, cuyo modelo servía como motor de Harvey, posteriormente lanzara Claude for Legal, entrando también en la carrera por el mercado jurídico especializado.

Eso demuestra que el verdadero poder no necesariamente está en quién presta el servicio jurídico, sino en quién controla el ecosistema tecnológico sobre el cual ese servicio empieza a funcionar. Tal vez por eso la metáfora del “caballo de Troya” resulta tan precisa.

Y mientras todo esto ocurre, es inevitable preguntarse si la rama judicial tendrá la capacidad para responder institucionalmente a un ecosistema jurídico que empieza a producir litigios, actuaciones y decisiones a una velocidad tecnológica muy superior a la capacidad histórica del sistema para controlarlas y procesarlas. (2/3)