Entre el ruido y la realidad
En los últimos días se ha dicho que el Gobierno “creó un nuevo impuesto del 1,5 % a los pagos digitales”. Eso no es exacto. La medida no crea un nuevo tributo: establece una retención en la fuente, es decir, un anticipo del impuesto de renta que se descuenta después en la declaración.
El problema no está en la figura, sino en la forma como se comunicó y se implementó. Los titulares se concentraron en la palabra «impuesto», incluso, lo compararon con el 4*1000 generando miedo y resistencia. Y mientras tanto, muchas personas volvieron al efectivo, debilitando la digitalización que tanto ha costado construir.
El fondo del asunto: no es el 1,5 %, es la confianza
Lo que se está jugando aquí no es una tasa, sino la confianza y social y el avance tecnológico. El ciudadano promedio siente que siempre “le quitan más”, sin entender que la retención no es un cobro nuevo, sino una forma de recaudar a tiempo lo que ya debía. Cuando el Estado comunica sin claridad, y los medios amplifican la confusión, se rompe el vínculo de legitimidad.
Colombia necesita ampliar la base tributaria y reducir la evasión. Según el DANE (junio–agosto 2025), la informalidad laboral es del 55,2 %, lo que significa que más de la mitad del país no contribuye ni al sistema fiscal ni al de seguridad social. Por eso el problema no es cobrar más, sino cobrar mejor, con reglas justas, graduales y tecnológicamente viables.
La medida no es mala: está mal comunicada y mal sincronizada
El decreto pudo tener sentido técnico: equiparar el trato entre pagos electrónicos y otros medios. Pero se lanzó en el peor momento, justo cuando nacían herramientas de inclusión financiera como Bre-b.
Esta semana me pasó algo que resume perfectamente el problema: Fui a la tienda de mi barrio a comprar algunas cosas y, al pagar por transferencia, el tendero me dijo que no recibía más ese medio porque “ahora les iban a poner un impuesto si usaban Nequi”. Le pregunté si él era responsable de IVA, o que si declaraba renta y me dijo que no, –no tenía clara la diferencia entre una y otra-. Y ahí pensé: esto que se está generando es una ola de desinformación que afecta a quienes ni siquiera están dentro del alcance del decreto.
A las personas se les está entregando una información parcializada. Esta medida no aplica para todos, y por el contrario, poco se recuerda sus bondades: Hasta hace muy poco, muchas transferencias entre bancos cobraban comisiones de $8.000 o $9.000 por operación —costos que terminaban en los bancos y no eran recuperables. Ahora, el 1,5 % que se critica tanto no es un costo bancario, sino una retención anticipada del impuesto que ya correspondía, y que va al Estado. No se trata de justificar una cosa con otra, sino de mostrar el panorama completo: si se corrigen las inconsistencias del decreto y se aprovechan las bondades de plataformas como Bre-B, podríamos avanzar hacia una economía más formal y transparente, en lugar de retroceder al efectivo.
Tres fallas la distorsionaron:
- Redacción confusa: no precisa bien cómo diferenciar responsables y no responsables de IVA.
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Falta de pedagogía: ni comercios ni usuarios entendieron la mecánica ni las excepciones, lo cual lo llevo a un exceso de publicidad parcializada en medios de comunicación.
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Efecto psicológico: la percepción de “nuevo impuesto” activó la desconfianza y la gente volvió al efectivo. Recuperar esa confianza colectiva será más difícil que corregir el texto del decreto.
Lo que podría corregirse
- Cruce automatizado DIAN–plataformas para identificar en tiempo real a responsables de IVA.
- Régimen de transición o gradualidad para no golpear a los microcomercios.
- Campaña pedagógica nacional que explique con ejemplos quién está obligado y cómo se descuenta la retención.
- Participación ciudadana activa: el decreto está abierto a comentarios, y esa es la vía correcta para ajustar lo que no funcione.
Conclusión: avanzar, no retroceder
Rechazar los pagos digitales o volver al efectivo no es una solución, es un retroceso. El efectivo es opaco; los medios digitales son trazables y fortalecen la formalidad. El país sí necesita control fiscal, pero también claridad, confianza y coherencia.
El 1,5 % no es el problema. El problema es cómo lo comunicamos, cómo lo entendemos y cómo lo aplicamos.
Si ajustamos la norma y mejoramos su pedagogía, podríamos convertir una medida impopular en una herramienta inteligente de formalización. Porque no se trata de escoger entre Estado o ciudadano, sino de co-crear normas que nos permitan avanzar juntos.
“Construyamos normas, no miedos.” — Sandra M. Vanegas